¿QUIEN PAGA LA BACANAL?

 

Se veía venir que, después de la bacanal de espectaculares beneficios y dinero barato, quienes no han tenido ningún problema para apropiarse privadamente de las ganancias, ahora nos propondrían socializar las pérdidas.

Tampoco había que ser un visionario. Es lo que han hecho toda la vida los ultraliberales, defensores de la eficiencia del mercado cuando se trata de repartir la riqueza entre unos pocos, y contrarios a la intervención del Estado cuando se trata de distribuirla entre la mayoría. Eso sí, cuando ellos tropiezan, víctimas de sus excesos, la intervención del Estado está justificada. En nombre del interés general, faltaría más.

 

Estos meses se habla mucho de los efectos de la crisis, pero poco de sus causas, que hay que buscar en unos mercados financieros absolutamente opacos y sin ningún control ni regulación eficiente. Tampoco es nuevo: la total libertad para la movilidad de los capitales y la falta de mecanismos de control genera crisis periódicas. Es urgente encarar la regulación global de los capitales. Suena fuerte, hasta iluso, lo sé. Debió de pasar lo mismo cuando, en el tránsito de los mercados locales a los nacionales, alguien propuso regulaciones nacionales para poner orden en el sistema. Pero no hay otro camino, salvo que alguien haya decidido continuar su bacanal en otras mesas. Tras la burbuja de las punto com, la inmobiliaria y la financiera, ¿no estarán pensando en trasladar la especulación a las materias primas -incluido el petróleo- y los alimentos?

 

Urge un compromiso de los gobiernos para empezar a regular globalmente los mercados de capitales. Lo necesitamos si no queremos que la globalización sin reglas genere cada vez más diferencias sociales entre países y entre personas dentro de cada país. Lo necesitamos si queremos combatir el terrorismo internacional y el local. ¿No es evidente que los flujos económicos del terrorismo utilizan la opacidad de los mercados financieros para mantener sus actividades? Lo necesitamos si no queremos que se acabe cumpliendo el diagnóstico que hizo Manuel Castells hace unos años, cuando vaticinó que la economía criminal ocuparía cada vez más el espacio de la economía legal, y que sustituiría a los estados, empezando por los más débiles.

 Asumir que los mercados de capitales se han de regular supone, sin embargo, asumir algunas cosas más. Que los países más ricos no pueden continuar aumentando su riqueza a costa de los pobres. Que el secreto bancario y los paraísos fiscales no pueden seguir siendo la misma autopista por la que circula el dinero de las élites, el negro y el manchado de sangre de las mafias o el terrorismo. Que las reglas del comercio mundial no pueden exigir liberalización a los países emergentes que dependen de sus materias primas, mientras en Europa y en EEUU se sigue subvencionando indiscriminadamente los precios de nuestros productos agrícolas. Que los ciudadanos de los países desarrollados no podemos seguir consumiendo a un nivel muy superior al de nuestros ingresos y nuestros ahorros. Que las empresas que cotizan en bolsa no pueden estar regidas por el dogma de "dar valor al accionista" triplicando su valor no en función de lo que hacen o producen, sino de lo que se ha especulado con ellas. Que los ejecutivos de estas empresas no pueden ser autócratas que no respondan ante nadie, salvo ante el Dios Mercado.

Pero mientras lo logramos –lo lograremos–, ¿qué debemos hacer? De momento, negarnos a socializar el coste de la bacanal. No se pueden utilizar recursos públicos para tapar los agujeros provocados por tiburones financieros que han olvidado que cuando se compra al final del ciclo y a precios astronómicos, el riesgo de pinchar es importante. Es evidente que los riesgos son muchos. En términos de reducción de los ingresos de las comunidades autónomas, pero no hemos de mirar atrás, sino construir modelos de financiación en los que los ingresos de municipios y autono- mías no dependan del grado de especulación inmobiliaria de sus territorios. También en términos de destrucción de empleo, y eso supone que se han de utilizar los recursos públicos para mejorar la inserción laboral de estas personas y ampliar la red de protección social. También nos hemos de negar a que se aproveche la crisis para profundizar en políticas de desregulación laboral o de ajuste. No necesitamos otra reforma laboral, porque las causas no están en las leyes laborales y porque no es necesario cambiar las leyes cada año: solo hace falta que se cumplan. Tampoco necesitamos ajustes salariales. Es cierto que la inflación es muy alta y perjudica a los sectores industriales exportadores, pero la causa de la inflación no son los salarios. Y menos los de los sectores, como la hostelería, que combinan salarios más bajos y elevados beneficios.

 

Este es el momento de utilizar los recursos públicos no para continuar alimentando la espiral especulativa, sino para minimizar los riesgos del ajuste. Estas políticas necesitan un sistema fiscal fuerte y justo, y un cambio en el modelo de financiación de las Administraciones Públicas. Y para lograrlo, lo primero que hay que hacer es guardar en un cajón todas las promesas electorales de rebajas de impuestos y de cheques-ayuda indiscriminados. Eso sí, sin dejar de trabajar por la regulación global de los mercados de capitales.

 

 

                   

 Joan Coscubiela, Secretario general de CCOO Catalunya.